El Principio de la legalidad administrativa

Teoría de los poderes discrecionales

Según nos dice Lares (2001), “en numerosos casos, en presencia de determinadas circunstancias de hecho, la autoridad administrativa tiene la libertad de escoger entre varias soluciones posibles; se dice entonces que la autoridad ejerce poderes discrecionales” p 171.

Hay poder discrecional, cuando una autoridad actúa libremente sin que su conducta le sea dictada por una regla de derecho.

En nuestra legislación, el poder discrecional debe emanar del propio ordenamiento jurídico, de la regla expresa de la ley, y no de la ausencia de la norma aplicable.

En nuestros días la categoría de los actos discrecionales ha desaparecido completamente, en el sentido de que no constituyen una causa para la negativa del control jurisdiccional. Es decir, no escapan al control de la legalidad.

Teoría de las circunstancias excepcionales

Como dice Lares (2001), la teoría de las circunstancias excepcionales “es sumamente peligrosa, porque deja en manos de las autoridades ejecutivas la posibilidad de suspender en cualquier momento el régimen de la legalidad. Puede haber sido aplicada sin abusos ni arbitrariedades en un país como Francia, de sólida tradición jurídica, y un Tribunal de prestigio universal(…), pero no sería juicioso admitir la validez de esa teoría en las naciones latinoamericanas” p 174

Teoría de los actos de gobierno

Para esta teoría, el principio de legalidad sufre una importante restricción: ciertos actos cumplidos por las autoridades administrativas, denominados actos de gobierno, no son susceptibles de ningún recurso ante los tribunales, ni para obtener su anulación, ni pedir la indemnización de los daños y perjuicios causados por tales actos administrativos.

En Venezuela no se aplica esta teoría, nuestra constitución y las demás leyes no la contempla, es decir, no incorpora la noción de acto de gobierno.

No existe en nuestro derecho decisiones del Poder Ejecutivo que escapen de modo absoluto al control de la legalidad.

Conclusión

Podemos concluir que el principio de la legalidad posee dos intereses que se hallan en conflicto en el desarrollo de la actividad administrativa: de un lado, la necesidad de salvaguardar los derechos de los administrados contra los eventuales abusos de la administración, y del otro, la necesidad de dotar a ésta de un margen de libertad de acción.

El Reconocimiento jurídico de la validez de los actos administrativos

Vicios de ilegalidad de los contratos administrativos

Uno de los principios estrella, fundamental y necesario, es el principio de legalidad, y éste es propio del derecho público.


A lo largo de nuestros estudios, siempre hemos sostenido y así está sustentado en la Constitución Nacional (1999), que el derecho público se caracteriza porque los órganos de los Poderes Públicos sólo pueden hacer aquello que el ordenamiento jurídico les faculta.

Los contratos administrativos, además de la inconstitucionalidad pueden vulnerar la ley, es decir, acusar vicios de ilegalidad, distintos a los originados por la violación de los requisitos de fondo o de forma de los actos administrativos.


En cuanto a la ilegalidad del acto administrativo, finalmente podemos señalar que procede la interpretación analógica del artículo 1142 del código civil.


Según nuestro Código Civil (1982), en su artículo 1142, se establece que el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o por vicios en el consentimiento; es decir, la voluntad.

Asimismo la LOPA (1981), en su artículo 7, nos dice: “ Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta Ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo a las formalidades (…)”


Actos anulables


La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en su artículo 20 se refiere a: “ Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de conformidad con el artículo anterior, los harán anulables”.


Los vicios de los actos administrativos que permitan hacerlos anulables no pueden precisarse en forma taxativa como los presupuestos de la LOPA.


Para Lares E. (2005), “ cuando el acto administrativo ha causado estado, por haberse agotado la vía administrativa, es procedente en principio contra aquél el recurso contencioso de anulación. Este recurso debe ser interpuesto ante un órgano jurisdiccional y estar fundado siempre en motivos de ilegalidad. Es decir, el recurso contencioso de anulación debe necesariamente estar basado en la afirmación de que el acto impugnado es violatorio de una regla de derecho”. P.159


En relación a la jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 259, establece: “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás Tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos.


Conclusión


Los actos administrativos y específicamente los contratos administrativos constituyen manifestaciones de voluntad de los órganos de la administración pública. Como tales, pueden acusar vicios en el consentimiento, existiendo vicios, puede ser declarado nulo. Siguiendo los procedimientos establecidos por la ley se podrá solicitar la nulidad por vicios de ilegalidad.

El contencioso administrativo contractual

La responsabilidad de la administración pública

El régimen jurídico de derecho público de la responsabilidad del Estado , se refiere a las situaciones en las que su órganos y funcionarios actúan en el campo del derecho público. Esta responsabilidad, puede generarse tanto por la actividad lícita como por la actividad ilícita o contraria a derecho y puede ser de naturaleza contractual o extracontractual. El papel de la responsabilidad como principio constitucional del Estado de Derecho, está referido a la efectividad de la necesaria sumisión del Poder al Derecho. Tal sumisión comprende, de manera principal, el control de la legalidad para los actos emanados de los órganos que ejercen el poder. En este sentido, la responsabilidad es un mecanismo de control del poder, para reglar tanto la legalidad como el resarcimiento debido por daños causados.

Según Lares (2001), “En Venezuela la Constitución sancionada en el año 1901 reconoció indirectamente la responsabilidad de la República y de los estados por daños provenientes de la actividad pública “(…) p 421.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 140, establece lo siguiente:” El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.

El ejercicio de la función administrativa es el campo más fecundo para el brote de conflictos entre el Estado y los particulares que reclaman indemnización.


La responsabilidad administrativa, cumple una función dual, pues además de rerigirse como una garantía consagrada a favor del particular para lograr el resarcimiento del perjuicio causado por el Estado, se muestra también, como los supuestos de responsabilidad con falta, como un medio de control de la propia administración.



Diferencias de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil.


La diferencia entre la responsabilidad administrativa y la civil no se restringe
al ámbito de los actos y hechos, también se extiende al ámbito contractual en el que puede verificarse de manera evidente la distinción entre estos dos sistemas de responsabilidad. Así, por ejemplo, en materia de contratos administrativos, el Estado tiene una responsabilidad especial, ajena del derecho común.


En efecto toda contratación rige el principio de riesgo y ventura, conforme el cual el contratista tiene la obligación de soportar los riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la obra hasta tanto ésta no sea entregada. Sin embargo este principio, por virtud de la obligación que tiene el Estado de mantener el equilibrio económico de la contratación, no aplica en materia de contratos administrativos.

En cuanto al alcance de los daños que deben ser indemnizados por la administración, éstos no se limitan a los perjuicios materiales producidos en la esfera económica de los administrados sino que se extiende a aquellos que no pueden ser percibidos materialmente como los daños morales, pero teniendo en cuenta el valor objetivo del derecho.


Responsabilidad de los contratistas


Para Peña (2000), “El contratista viene a ser un colaborador del servicio público, un colaborador de la administración pública, siendo variable el grado de colaboración según las diversas especies contractuales” p 231. En la concesión de servicio público, por ejemplo, el concesionario es un colaborador directo de la administración.


El contratista está en el deber de dar exacto cumplimiento a las obligaciones contraídas y de acatar, en el curso de la ejecución, las órdenes impartidas por la autoridad contratante. Queda liberado de sus obligaciones, por efecto de los casos fortuitos o de fuerza mayor. Todos los contratos administrativos son celebrados intuito personae, tanto es, en consideración de la persona del contratista.


El contratista está en el deber de dar exacto cumplimiento a las obligaciones contraídas y de acatar, en el curso de la ejecución, las ordenes impartidas por la autoridad contratante. Queda liberado de sus obligaciones, por efecto de los casos fortuitos o de fuerza mayor. Todos los contratos administrativos son celebrados intuitu personae, en consideración será prohibido ceder el contrato o subcontratar y el Estado debe garantizar su cumplimiento.


Eximentes de responsabilidad


Una vez celebrado el contrato de la administración, pueden sobrevenir hechos extraños a la voluntad de las partes, o ciertas decisiones de la administración que alteren las condiciones existentes en el acto de la celebración. Si sobreviene alguno de esos hechos, puede traer como consecuencia, o bien la imposibilidad absoluta de dar el contratista cumplimiento a las obligaciones contraídas.

Estas incidencias y de sus efectos jurídicos ha dado origen a la teoría de la Fuerza Mayor, la teoría del Hecho del Príncipe, y la teoría de Los Riesgos Imprevisible.


Enriquecimiento ilícito


Para Lares (2001), “Los agentes públicos han de responder ante la administración, del enriquecimiento ilícito que hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones. Puede ocurrir enriquecimiento ilícito, aun cuando no se demuestre que el funcionario haya cometido un hecho irregular contra la cosa pública” p 418.


Se presume el enriquecimiento, salvo prueba en contrario, cuando el funcionario público durante el desempeño de su cargo o dentro de los dos años siguientes a su cesación, se encontrare en posesión de bienes que sobrepasan notoriamente sus posibilidades económicas. El enriquecimiento ilícito existe, ya sea que los bienes estén a nombre propio o a nombre de interpuesta persona.